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Abr 17
Plan de formación de las corporaciones locales 2026
INFORMA
En el Boletín Oficial de Canarias del 7 de abril de 2026 se publica Resolución del ICAP, que contiene el Plan de Formación de las Corporaciones Locales 2026.
El presente Plan se dirige al personal al servicio de las entidades locales de Canarias.
Su objetivo principal es ofrecer una formación basada en el conocimiento y orientada a promover el desarrollo integral del empleado público desde los ámbitos personal y profesional, facilitando al mismo tiempo, la adquisición de habilidades y la mejora de sus capacidades y competencias para una prestación de calidad de los servicios públicos. En este sentido, la formación constituye una herramienta imprescindible para conseguir objetivos de eficacia, modernización e innovación.
Las actividades incluidas se desarrollarán en modalidad online (cuando los contenidos de la formación se facilitan y se tutorizan a través de una plataforma que permite al alumnado el acceso y la disponibilidad de estos, en un plazo determinado), sin perjuicio de establecer la presencialidad en aquellas acciones formativas que lo requieran.
Las actividades formativas que componen el Plan se convocarán por Resolución de la persona titular del ICAP y se ejecutarán a lo largo del año 2026.
Puede consultar la información en el enlace: https://short.do/WIftb5
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Abr 16
La postura legal de SEPCA sobre la RPT
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Abr 15
SEPCA INFORMA: La justicia anula cuatro ‘superjefaturas’ de Santa Lucía, con un coste de 75.000 euros cada una
Tres nuevas sentencias cuestionan la gestión de personal del Ayuntamiento
Leer la noticia en la web del Canarias7: AQUÍ
El Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana ha recibido un nuevo varapalo judicial tras la acumulación de tres sentencias notificadas en los últimos días que anulan decisiones relevantes en materia de personal y organización administrativa. Los fallos, todos estimatorios a favor del Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca), cuestionan tanto la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de 2024, que incluía la creación de cuatro ‘superjefaturas’ con un coste anual de 75.000 euros cada una, así como varios nombramientos y asignaciones internas.
La primera de las resoluciones, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2, dictada el 30 de marzo, declara la nulidad de la modificación puntual de la RPT aprobada por el pleno el 23 de julio de 2024. El tribunal considera acreditada la falta de negociación efectiva con los representantes sindicales, así como la insuficiencia de la documentación facilitada durante el proceso.
Este mismo defecto ya había sido señalado en una sentencia anterior de julio de 2023, lo que refuerza el argumento judicial de reiteración en las irregularidades. Además de anular el acuerdo, la magistrada condena al Ayuntamiento al pago de las costas, con un límite de 300 euros.
Anulados varios nombramientos
Un día después, el 31 de marzo, otra sentencia del mismo juzgado de lo Contencioso-Administrativo declaró nulo el decreto municipal que nombraba a cinco aspirantes como funcionarios de la Subescala Técnica de Administración General. El fallo concluye que el proceso selectivo vulneró la normativa estatal al no exigir las titulaciones específicas recogidas en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 781/1986.
El juzgado recuerda que este criterio ya había sido fijado en procedimientos anteriores y confirmado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, por lo que insiste en la obligación de respetar la legislación vigente frente a interpretaciones más amplias basadas en el Estatuto Básico del Empleado Público. También en este caso se imponen costas al Consistorio.
La tercera resolución, fechada el 8 de abril y notificada ayer, anula la asignación temporal de funciones de jefatura en dos servicios municipales (Subvenciones y Dinamización de Colectivos) al considerar que se realizó sin respetar los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad.
El juzgado número 1 de lo Contencioso-Administrativo reprocha al Ayuntamiento que no convocara públicamente estos puestos, incumpliendo así la normativa que regula la provisión de funciones en la administración pública. El Consistorio alegó urgencia y falta de personal, pero el tribunal rechaza estos argumentos y concluye que no justifican la omisión de los procedimientos legales. En este caso, las costas ascienden a un máximo de 400 euros.
Estas tres sentencias se suman a otros pronunciamientos judiciales previos que ya habían advertido de deficiencias en la gestión de recursos humanos del Ayuntamiento. Desde Sepca destacan que los fallos confirman una forma de actuar reiterada que, a su juicio, vulnera los derechos de los empleados públicos y los principios básicos de la administración.
Asimismo, detallan que en el caso de las RPT los juzgados han declarado nulas las de 2020, 2022 y ahora 2024, mientras que la de 2025 tiene fijado juicio para septiembre.
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Abr 14
SEPCA INFORMA: La Justicia anula la modificación de la RPT de 2022 de Santa Lucía
Dos sentencias respaldan las denuncias de Sepca y obligan al Ayuntamiento a asumir las costas
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La modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) aprobada en octubre de 2022 por el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana ha sido declarada nula por la Justicia, en el marco de un proceso judicial que cuenta ya con dos sentencias, la última del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que avala la de primera instancia. Asimismo, condena al Consistorio a pagar las costas.
Según el sindicato Sepca, impulsor de la reclamación en los tribunales, la aprobación de aquella modificación se realizó «sin negociación» con las organizaciones sindicales, pese a incluir cambios de gran calado, como la creación de más de 200 puestos de trabajo, incluyendo aquellos que sus plazas se estabilizaron por encontrarse en situación irregular, y la alteración de los requisitos de titulación exigidos para acceder a determinadas plazas.
La controversia se centró en la validez de los informes-propuesta que sustentaron la modificación de la RPT, ya que fueron emitidos por el funcionario cuyo nombramiento había sido declarado nulo por sentencia judicial firme antes de octubre de 2022. El Tribunal Superior de Justicia confirmó que la actuación del Ayuntamiento al permitir que este funcionario continuara al frente de la jefatura de servicio de recursos humanos y emitiera dichos informes, provocó la nulidad de la modificación de la RPT.
Uno de los aspectos más controvertidos fue también la modificación de los criterios de acceso a los puestos de Técnico de Administración General (TAG), lo que permitió concurrir a personas que, hasta ese momento, no cumplían con los requisitos legales establecidos. Este cambio derivó en la convocatoria urgente de cinco plazas, una de las cuales fue obtenida por una funcionaria interina que posteriormente fue nombrada jefa de Recursos Humanos.
Sobre este nombramiento también recae una sentencia firme que declara su nulidad, al considerar que se realizó de forma irregular, destaca Juan Manuel Pérez, representate del sindicato. Este fallo establece un plazo para su ejecución voluntaria y en caso de incumplimiento, solicitará su ejecución forzosa ante los tribunales.
El sindicato denuncia, además, que el Ayuntamiento publicó en el Boletín Oficial de la Provincia que la modificación de 2022 era provisional, cuando en realidad ya había sido aprobada definitivamente, lo que, a su juicio, pudo inducir a error al personal afectado y limitar la presentación de recursos judiciales.
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