La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha dado la razón a siete trabajadores de planes de empleo del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana y ha condenado al consistorio, en dos fallos, a abonar casi 60.000 euros en concepto de diferencias salariales, complementos e indemnizaciones por vulneración de derechos fundamentales.

En una de las sentencias, el tribunal analiza la situación de cuatro personas contratadas como oficiales —tres albañiles y un carpintero— que reclamaban el pago de diversos complementos salariales que no habían percibido. El TSJC concluye que el Ayuntamiento vulneró el derecho fundamental a la igualdad retributiva al no abonar el complemento de productividad y al aplicar niveles inferiores de complemento de destino y específico respecto a los previstos. Por ello, le condena a pagar cantidades que oscilan entre los 9.645 y los 9.823 euros por trabajador, incluyendo diferencias salariales, productividad e indemnizaciones por daño moral de 2.000 euros para cada uno. En total, supone más de 39.000 euros.

La otra resolución afecta a tres trabajadoras contratadas como peonas generales dentro del proyecto municipal Santa Lucía Parte de Ti. En este caso, el tribunal determina que tampoco existían razones objetivas para justificar que percibieran retribuciones inferiores. Así, le reconoce su derecho a cobrar tanto el complemento de productividad como las diferencias correspondientes a los complementos de destino y específico, fijando una cantidad de 6.628,75 euros para cada una, lo que suma cerca de 20.000 euros.

Estos dos fallos se añaden a otros anteriores en el que el TSJC dio la razón a tres peones de jardinería de planes de empleo al estimar su demanda por diferencias salariales, reconociendo el derecho a percibir cada uno 9.938,73 euros. A ello se suman otras dos reclamaciones por más de 14.300 en total. Desde la sección sindical de Sepca en el Ayuntamiento, que han colaborado con los empleados en su reclamación, advierten que hay un centenar de casos similares pendientes de sentencia, por lo que la cantidad total podría rondar los 700.000 euros.