El magistrado estima la demanda presentada contra el Ayuntamiento y el Ministerio Fiscal y ordena el cese inmediato de la conducta antisindical, el abono de los 800 euros correspondientes a 2025 previstos para la actividad sindical y la entrega de dos equipos informáticos, cada uno con dos pantallas, o dos ordenadores portátiles de características similares a los utilizados por el resto del personal municipal.

La resolución fija, además, una indemnización de 15.000 euros por daños y perjuicios, fundamentada en la reincidencia de la Administración, que la sentencia vincula con una infracción muy grave conforme a la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS).

Según los hechos recogidos en la sentencia, Sepca, con representación tanto en el Comité de Empresa como en la Junta de Personal del Ayuntamiento, solicitó el 23 de diciembre de 2024 la renovación de dos equipos informáticos y la asignación de 800 euros anuales para desarrollar su labor sindical, de acuerdo con el Acuerdo regulador y el Convenio Colectivo vigentes.

Ante la falta de respuesta de la Administración, el sindicato tuvo que prestar temporalmente sus propios equipos informáticos a su sección sindical el 20 de mayo de 2025.

El juzgado aprecia un trato discriminatorio al constatar que el Ayuntamiento sí facilitó de inmediato equipos informáticos al sindicato CSIF después de que este los solicitara en mayo de 2026.

La sentencia considera que la falta de medios tecnológicos vulneró el derecho a la libertad sindical reconocido ya que entiende que los recursos informáticos resultan indispensables para las tareas actuales de comunicación y gestión sindical, hasta el punto de convertir en inoperativo el local asignado a Sepca.

El fallo obliga al Ayuntamiento a poner fin a la conducta considerada antisindical y a proporcionar los recursos económicos e informáticos reclamados, además de abonar la indemnización fijada por los daños ocasionados. La sentencia no es firme. Contra ella cabe interponer un recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.