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El Juzgado de Instancia (Sección Social) número 11 de Las Palmas de Gran Canaria ha condenado al Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana a abonar 15.602,96 euros a un trabajador municipal al considerar que vulneró su derecho fundamental a la igualdad retributiva. La sentencia estima íntegramente la demanda presentada con el apoyo de la Sección Sindical de Sepca y reconoce que el empleado, contratado temporalmente como oficial electricista dentro de un programa de empleo, percibió unas retribuciones inferiores a las que correspondían por realizar un trabajo de igual valor que el personal de plantilla.

El trabajador prestó sus servicios entre el 27 de marzo de 2024 y el 13 de marzo de 2025 y reclamó el abono de los mismos complementos salariales que recibían los empleados fijos de su misma categoría, además del complemento de productividad y una indemnización por la discriminación sufrida.

En su resolución, el juzgado condena al Ayuntamiento a pagar 4.932,40 euros por diferencias en los complementos de destino y específico, 4.419,56 euros por el complemento de productividad que dejó de percibir y 6.251 euros como indemnización por daños morales derivados de la vulneración del derecho fundamental a la igualdad. La cuantía total asciende a 15.602,96 euros.

Este procedimiento se suma a otras resoluciones favorables obtenidas en los últimos meses, también con el asesoramiento de Sepca. Entre ellas figura una sentencia del TSJC del mes de junio, que estimó el recurso de un peón de jardinería contratado temporalmente y elevó la cantidad que debía percibir al reconocerle también los complementos de destino y específico, condenando al Consistorio al pago de 7.831,86 euros, además de los intereses legales.

Asimismo, la sección sindical destaca un acuerdo de conciliación homologado judicialmente por el que el Ayuntamiento reconoció a una trabajadora con categoría de técnico medioambiental una deuda de 6.407,48 euros por diferencias salariales y productividad, además de una indemnización de 3.000 euros por daños morales derivados de la vulneración de derechos fundamentales.

Todas estas resoluciones se suman a una decena que han salido entre el pasado año y 2026 en la misma línea. Desde Sepca recuerdan que hay más de 100 demandantes pendientes de fallos, por lo que la cantidad total podría sumar más de 700.000 euros. Por ese motivo, el Ayuntamiento está comenzando a llegar a acuerdos judiciales para evitar el pago de costas.

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