La primera de las resoluciones, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2, dictada el 30 de marzo, declara la nulidad de la modificación puntual de la RPT aprobada por el pleno el 23 de julio de 2024. El tribunal considera acreditada la falta de negociación efectiva con los representantes sindicales, así como la insuficiencia de la documentación facilitada durante el proceso.

Este mismo defecto ya había sido señalado en una sentencia anterior de julio de 2023, lo que refuerza el argumento judicial de reiteración en las irregularidades. Además de anular el acuerdo, la magistrada condena al Ayuntamiento al pago de las costas, con un límite de 300 euros.

Un día después, el 31 de marzo, otra sentencia del mismo juzgado de lo Contencioso-Administrativo declaró nulo el decreto municipal que nombraba a cinco aspirantes como funcionarios de la Subescala Técnica de Administración General. El fallo concluye que el proceso selectivo vulneró la normativa estatal al no exigir las titulaciones específicas recogidas en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 781/1986.

El juzgado recuerda que este criterio ya había sido fijado en procedimientos anteriores y confirmado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, por lo que insiste en la obligación de respetar la legislación vigente frente a interpretaciones más amplias basadas en el Estatuto Básico del Empleado Público. También en este caso se imponen costas al Consistorio.

La tercera resolución, fechada el 8 de abril y notificada ayer, anula la asignación temporal de funciones de jefatura en dos servicios municipales (Subvenciones y Dinamización de Colectivos) al considerar que se realizó sin respetar los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad.

El juzgado número 1 de lo Contencioso-Administrativo reprocha al Ayuntamiento que no convocara públicamente estos puestos, incumpliendo así la normativa que regula la provisión de funciones en la administración pública. El Consistorio alegó urgencia y falta de personal, pero el tribunal rechaza estos argumentos y concluye que no justifican la omisión de los procedimientos legales. En este caso, las costas ascienden a un máximo de 400 euros.

Estas tres sentencias se suman a otros pronunciamientos judiciales previos que ya habían advertido de deficiencias en la gestión de recursos humanos del Ayuntamiento. Desde Sepca destacan que los fallos confirman una forma de actuar reiterada que, a su juicio, vulnera los derechos de los empleados públicos y los principios básicos de la administración.