Dos sentencias respaldan las denuncias de Sepca y obligan al Ayuntamiento a asumir las costas
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La modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) aprobada en octubre de 2022 por el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana ha sido declarada nula por la Justicia, en el marco de un proceso judicial que cuenta ya con dos sentencias, la última del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que avala la de primera instancia. Asimismo, condena al Consistorio a pagar las costas.
Según el sindicato Sepca, impulsor de la reclamación en los tribunales, la aprobación de aquella modificación se realizó «sin negociación» con las organizaciones sindicales, pese a incluir cambios de gran calado, como la creación de más de 200 puestos de trabajo, incluyendo aquellos que sus plazas se estabilizaron por encontrarse en situación irregular, y la alteración de los requisitos de titulación exigidos para acceder a determinadas plazas.
La controversia se centró en la validez de los informes-propuesta que sustentaron la modificación de la RPT, ya que fueron emitidos por el funcionario cuyo nombramiento había sido declarado nulo por sentencia judicial firme antes de octubre de 2022. El Tribunal Superior de Justicia confirmó que la actuación del Ayuntamiento al permitir que este funcionario continuara al frente de la jefatura de servicio de recursos humanos y emitiera dichos informes, provocó la nulidad de la modificación de la RPT.
Uno de los aspectos más controvertidos fue también la modificación de los criterios de acceso a los puestos de Técnico de Administración General (TAG), lo que permitió concurrir a personas que, hasta ese momento, no cumplían con los requisitos legales establecidos. Este cambio derivó en la convocatoria urgente de cinco plazas, una de las cuales fue obtenida por una funcionaria interina que posteriormente fue nombrada jefa de Recursos Humanos.
Sobre este nombramiento también recae una sentencia firme que declara su nulidad, al considerar que se realizó de forma irregular, destaca Juan Manuel Pérez, representate del sindicato. Este fallo establece un plazo para su ejecución voluntaria y en caso de incumplimiento, solicitará su ejecución forzosa ante los tribunales.
El sindicato denuncia, además, que el Ayuntamiento publicó en el Boletín Oficial de la Provincia que la modificación de 2022 era provisional, cuando en realidad ya había sido aprobada definitivamente, lo que, a su juicio, pudo inducir a error al personal afectado y limitar la presentación de recursos judiciales.
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